La historia del sindicalismo argentino está trágicamente plagada de dirigentes que, escudados en la defensa de los derechos de los trabajadores, terminan construyendo imperios personales que ofenden la dignidad de sus propios representados.

Uno de esos dirigentes es el exsecretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, protagonista de un compendio brutal de corrupción, nepotismo y saqueo sistemático de fondos.

El desmanejo patrimonial de Furlán comienza con la burda apropiación de al menos 11 vehículos del sindicato para uso personal y familiar. Sin embargo, esta flota automotriz de alta gama sería apenas la punta del iceberg de una arquitectura financiera mucho más profunda y alarmante, hoy bajo la lupa del juez federal Julián Ercolini.

El núcleo del escándalo radica en un convenio injustificable firmado en febrero de 2023, cuando Furlán entregó la multimillonaria caja de los aportes de los afiliados a USEM S.A., una empresa creada apenas dos meses antes por María Soledad Calle, empleada jerárquica del propio gremio y militante de La Cámpora. Mediante este acuerdo a diez años, la firma se garantizó la administración de los fondos a cambio de una comisión del 0,5% que le aseguraba una facturación estimada en 100 millones de pesos mensuales.

Los dividendos de esta operación, además, rozan las más altas esferas del poder político, ya que, gracias a esta monumental transferencia de recursos, en agosto de 2025, la señora Calle adquirió el departamento del edificio de San José 1111, ubicado exactamente debajo del domicilio donde la expresidenta Cristina Kirchner cumple su condena. Las reiteradas visitas de Furlán y Calle a este inmueble encendieron las alarmas institucionales, llevando a la Justicia a investigar si la exmandataria violó su arresto domiciliario para reunirse en el departamento de la dirigente camporista.

Frente a la evidente desproporción patrimonial de la involucrada, el fiscal Eduardo Taiano impulsó una acción penal por lavado de dinero contra Calle, cuyo repentino acceso a bienes de lujo, propiedades y una camioneta BMW no es factible justificar con su historial financiero previo.

Afortunadamente, la Justicia dispuso por 180 días la intervención de la UOM, que quedó a cargo de Alberto Biglieri, y se ha comenzado a desarticular esta red, suspendiendo el contrato con USEM SA y desvinculando a Calle del gremio. Del mismo modo, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró la nulidad de las elecciones que habían consagrado a Furlán al frente del sindicato.

Pero esto no es suficiente. La República Argentina no puede seguir tolerando la existencia de feudos mafiosos disfrazados de representación sindical, donde las cúpulas amasan fortunas mientras las bases padecen salarios depreciados. El daño que la gestión de Furlán le infligió a la UOM y sus afiliados exige mucho más que la simple recuperación de bienes mal habidos. Demanda una respuesta judicial contundente y una condena ejemplar que marque, de una vez por todas, el fin de este modelo parasitario.

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/editoriales/el-botin-de-la-uom-y-la-sombra-de-la-campora-nid04092026/