Ya es sabido: el mundo, y por supuesto la Argentina, ha entrado en una dimensión desconocida. El desarrollo vertiginoso de la inteligencia artificial (IA) desmorona modelos y estructuras que parecían inamovibles, al mismo tiempo que crea nuevas oportunidades y abre posibilidades infinitas en todos los campos del quehacer humano. Donde miremos, hay una revolución en marcha: en las comunicaciones y en el trabajo, en las aulas y en las familias, en el derecho y en la política. Todo está atravesado y desafiado por las herramientas de la IA, que los expertos ven como algo superior a una evolución tecnológica, para definirlo como un verdadero salto civilizatorio.

Frente a semejante transformación, a la que se suman pronósticos apocalípticos para el caso de que esta escape al control humano, se impone el desafío mayúsculo de repensar arquitecturas legales, protocolos profesionales y códigos éticos. ¿Hay que regular el desarrollo de la IA? No hay una respuesta simple ni un consenso definitivo. En esta materia, dominan la complejidad y cierta incertidumbre, por lo que cualquier hipótesis resulta provisoria.

El mero impulso regulatorio puede ser estéril e inapropiado, al igual que la inercia y el dejar hacer. Hace falta promover una conversación transversal y de alto nivel que procure, de alguna forma, la creación de una brújula para guiarnos en un futuro teñido de dudas.

La Argentina parece un tanto rezagada en esa conversación. En la Unión Europea, por caso, ya hace dos años que entró en vigor la denominada AI Act, una norma que provee un marco legal que no apunta a limitar el desarrollo de la inteligencia artificial, pero sí a prevenir determinados riesgos. Prohíbe, por ejemplo, mecanismos de manipulación subliminal o ciertas formas de vigilancia biométrica en espacios públicos; crea reglas de transparencia y fija pautas para el uso de sus herramientas en sistemas de salud, educación y justicia, por ejemplo. Aquí, solo se tiene registro de una resolución administrativa en la provincia de Buenos Aires que regula el uso de la IA en la gestión estatal, pero no tiene rango legal ni surgió de un consenso intersectorial.

El gobierno nacional sí ha impulsado algunas reformas legales y administrativas que incorporan novedosos modelos de IA. Una de ellas apunta a autorizar la creación de empresas no humanas, íntegramente gestionadas por agentes virtuales. Otra es el programa de gestión denominado “gemelo digital”, con el que se busca procesar grandes volúmenes de datos, como los registros de la Anses o de la Dirección de Migraciones, a través de una plataforma operada con inteligencia artificial.

Se trata de iniciativas novedosas que reflejan espíritu innovador, pero también generan dudas atendibles sobre la protección de datos personales y las consecuencias que podría tener el hecho de delegar en algoritmos decisiones que deberían pasar por el filtro de la sensibilidad y la razonabilidad humanas.

En el caso de las empresas virtuales, los interrogantes giran sobre la responsabilidad penal que pueda derivarse de decisiones adoptadas por “gerentes digitales”. Son conocidos los reparos del influyente intelectual israelí Yuval Harari, quien advirtió que el proyecto del gobierno argentino podría ser “una llave maestra para que las corporaciones actúen sin límites éticos”.

El Pacto de Mayo no ha contemplado entre sus puntos la cuestión de la inteligencia artificial

Es indudable, entonces, que iniciativas de este tenor exigen un análisis exhaustivo y un debate que debería convocar a expertos de distintas disciplinas. Deben evaluarse aspectos jurídicos, pero también financieros, éticos y sociológicos.

Esas iniciativas representan una pequeña porción del inmenso universo de dilemas y desafíos que involucra la inteligencia artificial. Para tener apenas una idea somera de la amplitud y la complejidad del debate, basta mencionar algunos ejemplos aleatorios: un estudio conjunto de las universidades de Oxford y Potsdam acaba de alertar sobre el riesgo de manipulación de la opinión pública a partir de la intervención de la IA sobre las redes sociales; diarios como The New York Times y The Daily News se han embarcado en una batalla legal contra la apropiación que hace la IA de sus contenidos, sin pagar y sin pedir permiso; en escuelas y universidades de todo el mundo se hace difícil distinguir lo que escriben los bots de lo que escriben estudiantes y docentes, mientras la manipulación de imágenes con IA genera situaciones tan traumáticas y delicadas como la que se planteó no hace mucho en el colegio Carlos Pellegrini de la ciudad de Buenos Aires, donde se traficaron fotos de alumnas que fueron desnudadas con programas de inteligencia artificial.

En las recientes pruebas internacionales PISA de evaluación educativa, se comprobó asimismo que aquellos estudiantes secundarios que con más frecuencia recurren a la IA como apoyo para las tareas escolares son quienes peores resultados obtuvieron a la hora de resolver problemas matemáticos simples o de interpretar textos sin el auxilio de asistentes virtuales.

Son solo ejemplos dispersos, pero alcanzan para sugerir la magnitud del desafío. La IA tiene un enorme impacto sobre el comportamiento social, no solo sobre los procesos industriales y creativos. El vínculo de niños y adolescentes con bots ocupa ya un lugar central en las preocupaciones de la psicología.

En este contexto, es fundamental que, en distintos estamentos del Estado, pero también de la propia sociedad, se avance en estudios rigurosos que identifiquen las oportunidades y los riesgos de esta nueva era tecnológica. Hay que actuar con espíritu innovador, pero también con planificación y cautela.

Se impone ampliar el debate y trazar una hoja de ruta que le permita a la Argentina aprovechar esta revolución tecnológica con seriedad, responsabilidad y madurez

El Congreso de la Nación, el Poder Judicial, las universidades, las academias científicas, las cámaras empresariales y los colegios profesionales, entre otros actores, deberían articular debates de fondo para encarar un futuro que ya se ha convertido en presente. Los viejos moldes regulatorios no alcanzan, pero tal vez haya que actualizar leyes existentes -como la de protección de datos personales- y crear nuevos marcos normativos, así como diferentes modelos pedagógicos. Como ya se ha sostenido en esta columna editorial, la IA es un conjunto de herramientas y modelos que cambian constantemente y que no son plausibles de encuadramientos en definiciones legales rígidas que implicarían la pretensión de congelar un fenómeno esencialmente dinámico.

Proponer comités o comisiones puede parecer un atajo, sobre todo en un país en el que esos ámbitos se han convertido, muchas veces, en sinónimo de rodeos, dilaciones y sobrepeso burocrático. Sin embargo, la experiencia internacional confirma que el abordaje multidisciplinario y el asesoramiento de especialistas son fundamentales para encauzar un desarrollo con aristas tan complicadas y diversas como las de la inteligencia artificial.

El Pacto de Mayo, firmado hace ya más de dos años por el Poder Ejecutivo Nacional y la mayoría de los gobernadores provinciales, no ha contemplado entre sus puntos la cuestión de la inteligencia artificial. Es algo que debería remediarse, tal vez con una gran convocatoria a juristas, filósofos, psicólogos, ingenieros, economistas y educadores que propongan un marco para la discusión.

Si tantas veces se ha hablado de la importancia de las políticas de Estado y de la construcción de consensos, este tema requiere precisamente eso: elevar la mirada, ampliar el debate y trazar una hoja de ruta que le permita a la Argentina aprovechar esta revolución tecnológica con seriedad, responsabilidad y madurez.

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/editoriales/la-argentina-ante-los-dilemas-que-genera-la-ia-nid16092026/