Qué podría pasar tras el fallo de la Corte Suprema sobre las cuotas de las prepagas y cuál fue la reacción del sector
Con un ánimo de “enorme preocupación”, directivos del sector de la medicina prepaga dijeron estar analizando en estas horas los efectos concretos del fallo de la Corte Suprema que declaró in...
Con un ánimo de “enorme preocupación”, directivos del sector de la medicina prepaga dijeron estar analizando en estas horas los efectos concretos del fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucionales los artículos del decreto de necesidad y urgencia 70 (DNU 70) que, en diciembre de 2023, liberaron las subas de cuotas de los planes de salud.
Y, a la vez que se mantienen expectantes respecto de qué hará el Gobierno, también manifestaron -mediante un comunicado de la Unión Argentina de Salud (UAS)- que consideran fundamental la existencia de un diálogo en busca de consensos que los involucre como actores del sistema de salud. La UAS reúne a diferentes asociaciones de empresas vinculadas a servicios de salud.
Desde el Gobierno, en tanto, no respondieron a las consultas de LA NACION respecto de cuáles serán los pasos a seguir tras la sentencia.
En el fallo referido a la causa “Bobbio, María del Carmen c/ Swiss Medical”, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz confirmaron el rechazo -dispuesto por un tribunal inferior- a los artículos 267 y 269 del DNU 70. Argumentaron no haber encontrado una justificación para que el Poder Ejecutivo modificara de urgencia una ley, en lugar de enviar un proyecto al Congreso. El DNU reformó la ley 26.682, eliminando las disposiciones sobre la intervención estatal para la definición de las cuotas de las prepagas.
Respecto del alcance de la sentencia, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez explicó a este medio que su efecto es solo para la persona que hizo la demanda en cuestión.
Es decir, el fallo no obliga en forma directa al Gobierno a fijar un mecanismo de regulación de precios, aunque de alguna manera sí lo insta a hacerlo, al sentar un antecedente que alentaría a otros usuarios a reclamar. Fuentes judiciales, de hecho, señalaron que en la propia Corte hay “cientos de casos similares” al que se consideró hoy.
La preocupación en las prepagas es, por un lado, por los posibles efectos económicos, en un contexto en el que -afirman los directivos- las cuotas tienen un retraso de 18% respecto de la inflación, si se considera el período de enero de 2012 a octubre de este año. Es una brecha que se fue recortando a partir de la vigencia del DNU 70.
“Si se le pone un límite artificial a los precios, indefectiblemente sufren la calidad y el acceso al servicio”, señalaron directivos de una prepaga, consultados por LA NACION. Dadas las obligaciones prestacionales, agregaron, “la salud privada en la Argentina es una cadena de valor que no puede subsistir con esquemas de control de precios que no reconozcan el impacto de las nuevas tecnologías; la alternativa para que los costos se moderen pasa porque el Estado arbitre y separe la demanda de servicios de salud, que tiende a ser infinita, de la real necesidad.” De lo contrario, sostuvieron, con demandas permanentes de nuevas coberturas, “es imposible lograr un equilibrio financiero”, ya sea que el financiador sea una prepaga, una obra social sindical o el propio Estado.
Por otro lado, en el sector entienden que también se afecta la “previsibilidad”. Desde mediados de 2024, luego del conflicto entre las prepagas y el propio gobierno desregulador, las cuotas suben todos los meses en porcentajes cercanos a la inflación medida por el Indec.
Tensiones económicasEl comunicado de la UAS expresa el “respeto por las decisiones adoptadas por las instituciones de la República”. A la vez, sostiene que “la planificación asistencial, las inversiones en infraestructura y tecnología, la incorporación de innovación y la formación de recursos humanos especializados requieren reglas claras y sostenibles en el tiempo”.
El escrito recuerda que en las últimas décadas el sistema de salud fue afrontando “crecientes obligaciones de cobertura, mayores exigencias regulatorias y una sostenida incorporación de prestaciones de alta complejidad, en un contexto de fuertes tensiones económicas y financieras que afectan a prestadores y financiadores”. Replicando así una vieja advertencia de la actividad, recuerda que las regulaciones respecto de los servicios a prestar suman costos sin la contrapartida de un mayor financiamiento.
“La UAS reafirma su vocación de colaboración institucional y su compromiso con la construcción de un sistema de salud sostenible, previsible y centrado en las personas”, dice el comunicado.
En línea con la resolución de la Corte, se espera ahora que la Sala 2 de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata (el tribunal que emitió la sentencia previa a la de la Corte) dicte un nuevo fallo, que podría aclarar los alcances de lo dispuesto.
La ley regulatoriaEl artículo 17 de la ley 26.682, de regulación de las prepagas, estableció en su momento que la Superintendencia de Servicios de Salud fiscalizaría y garantizaría la razonabilidad de las cuotas, y autorizaría los aumentos según las variaciones de la estructura de costos y un razonable cálculo actuarial de riesgos. Eso fue eliminado por el DNU 70.
Al caer aquella disposición sobre la intervención estatal en los precios, las prepagas quedaron liberadas para definir sus precios, aunque sí continuó siempre la obligación de notificarlos a los asociados con una determinada anticipación.
Mientras rigió la regulación, si bien la ley hablaba de autorizar las alzas en función de las estructuras de costos, “en la práctica, la autoridad de aplicación terminó estableciendo porcentajes generales de aumento para todo el mercado, sin contemplar suficientemente las diferencias existentes entre las distintas empresas y sus planes”, dijo a LA NACION Hugo Magonza, presidente de la UAS.
En el promedio, estimó el directivo, hay un retraso de las cuotas de 18% frente a la variación del Índice de Precios al Consumidor, considerando 2012 como punto de partida. Pero, agregó, el costo de la atención médica creció más que el promedio general de precios.
“En este contexto, una decisión judicial que reabre la discusión sobre las cuotas puede desencadenar una nueva ola de litigiosidad, con consecuencias económicas potencialmente multimillonarias”, analizó.
Desregulación y conflictoSi bien la ley de prepagas, modificada por el DNU 70, es de 2011, durante años no se fijó un mecanismo para el reajuste de las cuotas que, de todas formas, no estaban liberadas. En 2022 se aprobó un Índice de Costos de Salud, cuya variación definió durante un año y medio las subas máximas que podían aplicar las prepagas, y también los reajustes mínimos que debían trasladar a los prestadores.
Según el consultor en temas de salud Patricio Pasman, “los cambios permanentes de las reglas de juego, lamentablemente, afectan en este caso a un sector que contrata mucho empleo privado registrado”. Agregó que “no es clara cuál es la consecuencia hacia atrás, ya que el fallo aplica solo a un caso”, y consideró que “hacia adelante, podría reincorporarse el Índice de Costos de Salud”, usado antes del DNU.
La entrada en vigencia del decreto en lo referido a las prepagas fue conflictiva. Cuando se aprobó la norma, en diciembre de 2023, las entidades llevaban un largo período advirtiendo sobre el retraso de las cuotas frente al alza de costos. El efecto inmediato de la liberación fue una suba que acumuló alrededor de 150%, en promedio, solo en cuatro meses de 2024. Y eso fue, principalmente, lo que generó los juicios. El aumento de mayor magnitud fue el de enero, aunque la reacción del Gobierno para intentar poner un freno llegó recién en abril, cuando se habían generado fuertes repercusiones negativas.
Con la acusación de una supuesta cartelización para definir las alzas y a partir de un pedido de investigación hecho por referentes de la Coalición Cívica, el tema derivó en un conflicto entre el Gobierno autor de la desregulación y las prepagas, que se cerró con un acuerdo judicial, que incluyó una suspensión temporal de la parte del decreto referida a esta cuestión. El exlegislador porteño Hernán Reyes, uno de los impulsores de aquellos reclamos contra los elevados incrementos, celebró el fallo de la Corte: “Durante casi tres años la gente quedó a merced de las empresas, con la complicidad de la superintendencia. Venimos denunciando abusos desde el día uno”, sostuvo.
Tras aquel acuerdo, desde julio de 2024 rige sin más la regla del DNU -la libertad de precios- ahora cuestionada por la forma en que se dispuso.