Caputo hace escuela: nadie desea ser preso de sus propias palabras
Luis “Toto” Caputo está preso de sus palabras. “En economía no hay casualidad, es todo causalidad” dijo en mayo para defender “como una decisión política y no una imposición...
Luis “Toto” Caputo está preso de sus palabras. “En economía no hay casualidad, es todo causalidad” dijo en mayo para defender “como una decisión política y no una imposición de los mercados” al superávit fiscal. El eje virtuoso del programa económico para “recuperar la confianza de la gente. Porque la política no es un negocio si no un servicio”. Tres meses después, el optimismo expresado por el ministro de Economía para alcanzar esa meta parece infundado. No solo frente al resultado de indicadores locales. También ante el riesgo de ser desmentido por lo que puede convertirse en un incidente internacional. Sobre todo si Nadia Beller ratifica que su expareja, Fernando Cerimedo, le confió información que involucra con hechos de corrupción en la Andis a Karina Milei, Martín y Eduardo “Lule” Menem.
El expropagandista de Javier Milei y hasta hace días asesor en Bolivia del presidente Rodrigo Paz está detenido y acusado de atentar contra la vida de Beller, que recibió cuatro disparos de dos sicarios. Si confirma en la Justicia lo que adelantó a la prensa, Beller dañaría seriamente la credibilidad en las premisas de Caputo para la economía y la política. No solo porque desnudaría semejanzas entre prácticas libertarias y los vicios de la casta que se comprometió a desterrar, también porque justificaría el reparo de los inversores que recelan de que Milei vaya a ser reelecto como él mismo augura. Cristina (46,5 %) y Axel Kicillof (47,1 %) son los dirigentes con mejor imagen positiva en agosto para dos consultores vinculados al peronismo. Javier Milei (39,5%) aparece cuarto, detrás de Patricia Bullrich (42,9 %). La corrupción (27,4 %) supera al desempleo (25,5%) y a la inflación (9,5%), como el principal problema detectado por los consultados.
Un escenario que promueve dudas sobre la capacidad del gobierno para sancionar leyes que ofrezcan seguridad jurídica a inversiones de largo plazo. Y acerca de la pericia de Federico Sturzzeneger para promover desregulaciones. Tras el fracaso con la ley de Tierras en el Senado y el conflicto con los prácticos de río, el ministro de Desregulación será auditado por una mesa política donde Karina monopoliza el poder de decisión. Hay quienes creen que después que Daniel Scioli quedó bajo su observación desde el pasado fin de semana largo.
A los datos provisorios que colocan al último feriado del 17 de agosto como el peor para la actividad turística desde 2015, se suma la queja de la Cámara Argentina de Turismo Cinegético, la entidad que nuclea a quienes promueven la caza legal y la exportación de trofeos. Esa es la denominación que reciben las presas embalsamadas. Una actividad paralizada desde que trascendió la detención de Federico Testa y Jorge Noya como líderes de una red ilegal dedicada a la caza de especies en extinción en cotos clandestinos y el contrabando de trofeos.
La investigación del fiscal federal Sergio Mola solicitará en los próximos días nuevas detenciones que superarán a las 18 previstas originalmente. Funcionarios de la subsecretaría de Ambiente ocupan la mayor parte de ellas. Esa área depende de la secretaría de Turismo, a cargo de Scioli. Diego Santilli ya delegó en Ignacio Devitt la búsqueda de alguien que la conduzca, pese a la oposición de Scioli. Devitt es el segundo del jefe del Gabinete.
Quizás estimuladas por esta causa, circulan versiones que vinculan a Scioli con la caza clandestina desde que fue gobernador. Un tema por el que debería interesarse Santilli, si Karina finalmente lo elige como candidato a suceder a Axel Kicillof. El tráfico de fauna salvaje genera 23 mil millones de dólares anuales en el mundo y es el cuarto delito organizado a escala planetaria, según la ONU, después del narcotráfico, la falsificación de productos y la trata de personas,
Existen, incluso, quienes aseguran que Scioli se ausentó del traslado a un santuario en Sudáfrica de 30 tigres rescatados del exzoológico de Luján por temor a expresiones de repudio del sector cinegético. Al menos por ahora, esta preocupación no está entre las que los Milei proyectan con las designaciones en la Justicia. Es lo que conjeturan miembros de la familia judicial que negocian con ellos por esos cargos. Pero comienzan a dudar de la eficacia de ese método. Son los mismos que le reprochan ingratitud a Juan Rodríguez Ponte con su mentor, Ariel Lijo.
Desde que fue designado, Rodríguez Ponte se presenta como juez federal de Lomas de Zamora. Algunos exagerados creen que solo con recordar que llegó a ese cargo gracias a Lijo, tranquilizaría al gobierno. Pero también al juez. Lijo tiene la causa por Andis, reflotada por la expareja de Cerimedo. El antecedente que quizás mantenga en suspenso la designación de Emiliano Méndez Ortiz como juez federal en San Lorenzo, con jurisdicción sobre las 22 terminales del puerto de Rosario sobre el río Paraná.
Antes de ser secretario de Política Criminal, Méndez Ortíz e Ignacio Mahiques colaboraron con Gerardo Pollicita en el dictamen contra Cristina en la causa Vialidad. Ignacio es juez en el fuero penal porteño y es hermano de Juan Bautista, el ministro de Justicia para el que trabaja Méndez Ortíz. Pollicita es el fiscal que investiga a Manuel Adorni por su patrimonio. La indefinición de Milei sobre las tres vacantes en la Corte y la Procuración General provocó una avalancha de inscripciones a concursos de fiscales designados interinamente por Ricardo Casal, a cargo del Ministerio Público Fiscal en forma interina.
En busca de una estabilidad de la que no gozan, la avalancha de inscripción a concursos de esos interinos derivó en algunas curiosidades. Una es que la misma terna esté propuesta para ser fiscal en la Cámara Federal de La Plata y en la de Rosario. Las posiciones para las que se postularon Cecilia Incardona, Diego Iglesias y Matías Álvarez. En las especulaciones previas y pese a la oposición de Daniel Angelici, el titular de la Procunar ocupará la vacante en La Plata. Y Álvarez, quien lo secunda en ese organismo, se quedará con la de Rosario. Luis Sciappapietra es el primer suplente de la terna en esta ciudad. Junto a Carlos Emery, Sciappapietra pidió en 2022 el juicio político de Marcelo Bailaque, el juez federal de Rosario que congeló diez años una causa contra el narco Lindor Alvarado. Bailaque y Alvarado compartían los servicios del mismo contador: Gabriel Mizzau. Milei le aceptó la renuncia a Bailaque como juez federal en 2025. El año en que se puso en marcha el juicio político en su contra. Casal le dio dictamen favorable a la inconstitucionalidad del Código Procesal de Santa Fe presentado en 2019 por Sciappapietra. Un tema que dejó sin modificar la reforma constitucional impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro. La Corte declaró abstracto en 2025 a ese pedido. Sciappapietra quería citar al senador por San Lorenzo. Armando “Pipi” Traferri en la causa donde Patricio Serjal fue condenado por darle protección al juego clandestino. Una de las actividades con las que el narco lava dinero. Traferri pidió y consiguió ser desaforado para declarar cuando Sciappapietra fue apartado de esa causa. Serjal es el exfiscal general de Rosario. Traferri aparece mencionado 107 veces en el dictamen en su contra.
Tentados por la ventana de oportunidad abierta por el desorden con las designaciones masivas en la Justicia, los vocales por abogados en el Consejo de la Magistratura presentaron amparos para poder ser reelectos. Una posibilidad negada por un fallo de la Corte. Su titular, Horacio Rosatti, preside además el Consejo de la Magistratura. El organismo encargado de seleccionar a quienes aspiran a ser jueces y a sancionar a quienes se desvían de sus funciones.
El representante de los jueces, Diego Barroetaveña, fue el primero en solicitar una medida cautelar. Su ejemplo fue imitado por los abogados Miguel Piedecasas, Fernanda Vázquez y Jimena Latorre. La perplejidad es tal que la Junta Electoral de la Federación Argentina de Colegios de Abogado (FACA) no se pronunció sobre el asunto. Ni tampoco por Alberto Blglieri, que lidera la lista “Abogados por la Argentina” con el respaldo del titular del Colegio porteño, Ricardo Gil Lavedra, y los de Rosario, Neuquén, Tucumán y Mendoza. Biglieri expresa una alianza con el Pro y la UCR que podría llevar de candidatas a Vázquez y a De la Torre si consiguen un fallo favorable. Las elecciones de los nuevos consejeros es el 20 de octubre. La experiencia de Caputo parece haber hecho escuela. Nadie quiere quedar prisionero de sus propias palabras.