Cómo se reordena la zona de Retiro donde los terrenos tomados se venden a US$20.000 y las casas se alquilan sin contrato por $300.000
Alquileres que van desde $300.000 al millón de pesos y que se elevan a más de $1.500.000 para locales comerciales; parcelas y techos que se venden para construir en altura nuevas viviendas, por s...
Alquileres que van desde $300.000 al millón de pesos y que se elevan a más de $1.500.000 para locales comerciales; parcelas y techos que se venden para construir en altura nuevas viviendas, por solo US$20.000; locales que venden celulares robados y hasta corralones truchos que operan por las noches.
Estas situaciones irregulares no ocurrían en una zona porteña cualquiera, sino en uno de los barrios vulnerables más polémicos de la Ciudad, situado a solo 500 metros del corazón de Recoleta: la Villa 31 o Barrio Mugica.
Los alquileres informales y la venta de lotes de terrenos tomados o de los “espacios aéreos”, es decir, el techo de una vivienda que se usa para construir arriba otra nueva, sin habilitación, permiso ni plano de obra, fueron la gota que rebasó el vaso de tolerancia al vale todo.
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Frente a esta situación, el Gobierno porteño inició un plan de ordenamiento urbano con el objetivo de frenar las construcciones ilegales y el crecimiento descontrolado, limpiar la chatarra, clausurar locales comerciales sin habilitación, neutralizar el narcomenudeo y llevar tranquilidad a los vecinos.
“Ahora que limpiaron las veredas podemos salir tranquilos a caminar con los chicos”, dice Aida, vecina del barrio Mugica. “Los operativos en el espacio público le hicieron muy bien al barrio”, cuenta Luis, que hace 20 años llegó al país y tiene hijos argentinos. “Cada uno hacía lo que quería, tiraba cualquier cosa en la vereda como si fuera su casa, se llenaba de mugre y ratas. Ese problema no lo tenemos más”, agrega.
Las irregularidades se acumularon desde hace décadas y la lista es larga. La ley que sancionó la Legislatura porteña en 2018 para la reurbanización mediante un marco regulatorio que ordene el territorio fracasó, lo que se materializa en un hábitat que afecta la salud y la seguridad de las 45.000 personas que viven allí.
El desorden dificulta la circulación de los servicios más básicos del Estado: higiene, ambulancias, policía y bomberos. Los principales perjudicados son los vecinos.
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Villa 31: mismos derechos, mismas obligacionesEn los últimos meses se detectaron intentos de nuevas tomas de terrenos que se ofrecían a US$20.000 por parcela, lo que confirmó la existencia de circuitos de especulación y negocios ilegales. Uno de ellos fue el predio que está ubicado detrás de la Facultad de Derecho de la UBA, que fue liberado y está próximo a convertirse en la Base Norte para la División de Intervenciones Rápidas de la Policía de la Ciudad.
La irregularidad se extendió incluso a través de las viviendas que la Ciudad había asignado con créditos hipotecarios a 30 o 40 años con tasas de interés bajas, ajustadas a la capacidad de pago de las familias. Algunas fueron vendidas y muchas de ellas alquiladas a precios exorbitantes, situación denunciada por el mismo Jefe de Gobierno, Jorge Macri: “La ley definía que las viviendas que se construían eran exclusivamente para los habitantes del barrio. En una plataforma inmobiliaria muy conocida había ofertas de esos departamentos nuevos, por los que los dueños pagan $5000 por mes de cuota del crédito”. Propiedades que los dueños terminan subalquilando por $300.000 por mes.
El desafío de ordenarEl plan de ordenamiento busca que todos los habitantes de la Ciudad tengan los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones, vivan donde vivan, reconocen en el Gobierno porteño. “Uno de los pilares de la ley de urbanización era controlar el crecimiento del barrio para que no afecte a los vecinos: el incremento de construcciones clandestinas pone en riesgo la seguridad de los mismos vecinos que la habitan”, agregan.
La clave está en empezar a aplicar la ley: prohíbe el crecimiento urbano sin control y las edificaciones no planificadas, y clausura las obras en marcha. Se empezaron a colocar carteles de gran formato en inmuebles que presentan construcciones que exceden los límites permitidos o que se encuentren edificando sin la autorización administrativa. Estos carteles son bien visibles desde la Autopista Illia o desde los trenes que llegan o salen de Retiro.
Desde que se empezó a ejecutar esta política, en la Villa 31 se demolieron una docena de edificaciones clandestinas (que se levantaban por las noches para evitar los controles), se clausuraron otras 17 construcciones ilegales y se cerraron cinco corralones clandestinos que surtían las obras. Y en diferentes operativos de saturación se compactaron 40 autos abandonados y se retiraron 40 camiones llenos de chatarra.
Y en paralelo al ordenamiento interno, se implementó un control de los accesos para que no se pueda seguir ingresando clandestinamente materiales de la construcción. “No vamos a permitir que el crecimiento descontrolado de obras siga poniendo en riesgo a los vecinos. Queremos que haya reglas que se cumplan, con más seguridad y mejores condiciones de vida”, dijo Jorge Macri.